Voces desde el campo 1

Dominion Farms, acaparamiento de tierras en Nigeria

Los agricultores del estado nigeriano de Taraba están siendo forzados a dejar las tierras que llevan trabajando desde hace generaciones, para dejar espacio a la empresa estadounidense Dominion Farms, que tiene previsto establecer una plantación de arroz de 30.000 hectáreas. El proyecto cuenta con el respaldo del gobierno nigeriano y de la Nueva alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición en África, perteneciente al G8.

Las tierras que están siendo cedidas a Dominion Farms forman parte de un plan de riego público del que dependen miles de familias para subsistir y poder cubrir sus necesidades alimentarias. No se ha consultado a la población local acerca del acuerdo con Dominion Farms y, aunque la empresa ya ha comenzado a ocupar las tierras, hay una desinformación total sobre si existirán planes de compensación o reasentamiento. La población local se opone al proyecto de Dominion Farms. Quieren recuperar sus tierras para poder continuar produciendo alimentos para sus familias y para el pueblo de Nigeria (…). A continuación citamos las palabras de agricultores locales, en sus intervenciones en reuniones con ERA y CEED en la comunidad de Gassol:

 “Nos alegramos cuando supimos de la llegada de Dominion Farms, sin saber que esto respondía al interés egoísta de algunos miembros del estado, del gobierno federal y de la persona extranjera que está a cargo de Dominion Farms. Nuestra tierra es muy rica y buena. (..)Sin embargo, desde que llegó Dominion Farms con su gente, su maquinaria y sus equipos de trabajo, nos pidieron que dejásemos de trabajar la  tierra, e incluso que las abandonásemos, ya que estas tierras se han donado íntegramente al proyecto Dominion Farms. (…)” – Mallam Danladi K Jallo

“Somos una sola voz contra Dominion Farms porque nos oponemos a sus actividades. Tenemos caladeros de pesca que heredamos de nuestros antepasados en esas tierras, pero Dominion Farms ha dicho que va a rellenar de arena todos ellos para darles más espacio a sus cultivos. Cuando comenzaron a trabajar la tierra, vinieron con personal de seguridad, que había recibido la orden de Dominion Farms de desahuciar a cualquier agricultor que estuviese trabajando en sus tierras”.– Alhaji Mairiga Musa

“No apoyamos un sistema agrario y productivo extranjero del que no tenemos conocimiento. Han venido a cultivar. La única historia que oímos es que nos han quitado nuestra tierra y que se la darán a otros. No se nos ha incluido a ningún nivel del proceso. Por el futuro y por nuestros hijos, pedimos a las autoridades gubernamentales que soliciten a Dominion Farms que se marchen de nuestras tierras”. – Rebecca Sule (Mama Tina)

Environmental Rights Action (ERA), Amigos de la Tierra Nigeria, Centro de Educación y Desarrollo Medioambiental (CEED). Consulta el artículo completo y el informe (en inglés).

Voces desde el campo 2

Cuidando nuestros territorios tradicionales

Ninawá Inu Pareira Nunes, líder indígena del pueblo Huni Kui del estado de Acre, al norte de Brasil (región del Amazonas)

“Dios” creó todo lo que existe y le dio la vida. En nuestro planeta Tierra existen muchas vidas humanas, animales y vegetales, con muchísimas especificidades y diversidad de interrelaciones; sin embargo, Dios creó algo común a todos estos seres vivos: el territorio y las tradiciones.

Nosotros, los pueblos “indígenas”, tenemos numerosas costumbres, creencias y tradiciones que están directamente relacionadas con los bosques, el aire, el agua, la tierra y el sol, en una única relación cosmológica y espiritual que es a la vez profunda y respetuosa. Para nosotros, la tierra tiene un significado de sostenibilidad espiritual de las costumbres que expresan nuestra identidad, que consideramos vital y esencial para la reproducción física, espiritual y cultural de nuestras generaciones futuras.

Desde tiempos inmemoriales, nosotros  los pueblos “indígenas” desempeñamos un papel fundamental y estratégico en la protección de la Madre Tierra, al contener la deforestación, conservar los bosques y la biodiversidad, así como mantener otras riquezas de nuestros territorios, que son el sustento de nuestras y otras comunidades. Dependemos de ellos para nuestra subsistencia, independientemente de nuestra situación financiera, académica y tecnológica. Todo esto es posible gracias a nuestros conocimientos ancestrales.

Actualmente, la tecnología está forzando la introducción de cambios en nuestra tradición, para garantizar un modelo de desarrollo perverso y destructivo. Sin embargo, para nuestro pueblo Huni Kui, esto es un grave error de los gobiernos. Tenemos pruebas reales de que se puede vivir sin tecnología destructiva, se puede cuidar del medio ambiente de cada ser vivo en relación con sus especificidades, creando sostenibilidades concretas, y creemos que otras comunidades tradicionales también comparten esta idea.

Para nosotros, el territorio tradicional de los Huni Kui es una garantía 100% de nuestras vidas, que conseguimos a través de la seguridad alimentaria de formas tradicionales: obtenemos comida de los ríos, lagos y arroyos, caza de los bosques, patatas y otras verduras saludables, lo que difiere radicalmente de los modos de producción tecnológica, donde el 70% del alimento contiene agrotoxinas. Mediante nuestros rituales tradicionales, podemos curar sin intervención científica/tecnológica, a diferencia de los fármacos de laboratorio, que dicen que curan enfermedades pero provocan problemas en otras partes del cuerpo. Hemos vivido todo esto generación tras generación.

Por ello, tenemos que mantener nuestros territorios tradicionales como el entorno donde se desarrollan nuestras relaciones materiales y espirituales con la tierra y con nuestra madre, porque ellas producen todo lo que nos sustenta, de forma armoniosa con los bosques y animales, manteniendo el equilibrio medioambiental, como el aire que se respira en todo el mundo. Se puede vivir en un mundo mejor, sin destruir la naturaleza ni nuestras tradiciones. Una persona indígena sin territorio se queda sin tradiciones.

Cuadro 1

Cuatro leyes para los pobres en Tailandia

Subir a las redes sociales una foto de cuatro dedos con el dorso de la mano es un signo de solidaridad con la campaña Cuatro leyes para los pobres. La campaña comenzó en 2008 como respuesta a la concentración continuada de tierras en Tailandia. Según los datos de 2014, el 62% de las tierras privadas del país son propiedad de tan sólo el 10% de la población. La mayor tenencia de tierras por parte de un solo individuo es de 631.263 rai (101.000 hectáreas). Mientras que cerca de 750.000 familias rurales no poseen tierras en absoluto, el 70% de las tierras en propiedad privada son tierras ociosas.

La campaña Cuatro leyes para los pobres pretende abordar las disparidades en la propiedad de las tierras y los problemas a los que se enfrentan los pueblos marginalizados para acceder a la tierra. Los objetivos clave de la campaña son conseguir que cuatro propuestas de ley iniciadas por movimientos sociales se transformen en leyes y se implementen, para poder dar respuesta a estas cuestiones de tierra y justicia, que llevan existiendo desde hace mucho. La campaña está obteniendo mucho apoyo público a través de las redes sociales y de eventos públicos. Según la constitución de Tailandia, los ciudadanos tienen derecho a presentar una propuesta de ley ante el parlamento y que ésta se transforme en ley si recibe un mínimo de 50.000 firmas. Las cuatro propuestas de ley son las siguientes:

1. Propuesta de ley para un impuesto progresivo sobre las tierras: esta propuesta impondrá distintas tasas impositivas a las tierras (especialmente altas sobre las tierras ociosas) para fomentar un uso eficiente de las tierras y evitar la concentración de estas. A quienes sean propietarios de muchas tierras se les inducirá a utilizarlas o a vender las que tengan en exceso para evitar esta carga impositiva.

2. Propuesta de ley para un banco público de tierras: el banco público de tierras permitirá acceder a la tierra a individuos y campesinos sin tierra a través del alquiler o la compra a un interés muy bajo, para proporcionarle subsistencia y posibilidad de asentamiento. Parte de los fondos recaudados mediante el impuesto progresivo y otros soportes financieros del estado se utilizarán para poner en funcionamiento este banco público de tierras. El banco de tierras también servirá de fondo comunitario para la tenencia y la gestión colectivas de las tierras y los recursos naturales.

3. Propuesta de ley por los derechos de gestión comunitaria de las tierras y los recursos naturales: esta propuesta proporcionará reconocimiento legal de los derechos colectivos a las tierras y los recursos naturales, tanto desde la gestión como desde la propiedad. También establecerá una infraestructura legal para que las comunidades puedan iniciar litigios de acción popular contra agentes estatales y no estatales, y determinar qué roles/responsabilidades debe cumplir el estado para respaldar los derechos colectivos de las comunidades.

4. Propuesta de ley para un fondo de justicia: desde que el estado de Tailandia declaró que las tierras ocupadas y habitadas originalmente por pueblos rurales son ahora «reservas forestales», el número de personas acusadas de invadir estas tierras ha ido en aumento. Esta propuesta de ley establecerá un fondo para dar apoyo económico a las personas y comunidades que se enfrenten a estas acusaciones penales. El fondo cubrirá las costas de los procedimientos/batallas legales como fianzas, costas judiciales, etc.

Las cuatro propuestas de ley están claramente interconectadas: abordarán las desigualdades sobre el acceso a la tierra y darán respuesta a las necesidades de los pueblos rurales, tanto urgentes como de larga duración. La campaña Cuatro leyes para los pobres, una de las mayores campañas que se han realizado en Tailandia sobre los problemas relacionados con la tierra, está encabezada y apoyada por distintos movimientos sociales, organizaciones comunitarias y redes de sin tierra de diferentes regiones del país.

Cuadro 2

Red Reclaim the Fields (Reclama los campos) en Europa

Reclaim the Fields (RtF) es una constelación de personas y proyectos colectivos que desea volver a tomar el control sobre la producción de alimentos. Nuestro objetivo es crear alternativas al capitalismo mediante una producción cooperativa, colectiva, autónoma, a pequeña escala y orientada a necesidades reales; en definitiva, poner la teoría en práctica.

Un rol muy importante de la red RtF es vincular la acción práctica de los distintos grupos a nivel local con las luchas políticas globales. Un tema clave en el que estamos trabajando es la cuestión del acceso a la tierra. Actualmente, la red está distribuida por Europa e incluye una gran variedad de enfoques, dese granjas colectivas, ocupaciones de tierras o campamentos de protesta hasta proyectos de agricultura urbana, activismo anti-transgénicos, etc. Al estar conectadas dentro de una red europea, estas iniciativas locales pueden compartir ideas y experiencias, recibir más atención pública en acciones concertadas y apoyarse directamente las unas a las otras.

En la actualidad, los procesos de acaparamiento de tierras (que se están produciendo en Europa al igual que en otras partes del mundo) están poniendo cada vez más tierras bajo el control de los intereses de la acumulación de capital. Las personas y los proyectos implicados en la red RtF están oponiendo resistencia a estas prácticas de acaparamiento de tierras en muchos lugares y emplazamientos distintos, empleando diferentes estrategias. Un ejemplo muy conocido que se llevó a cabo con éxito fue la ocupación y defensa de tierras agrícolas y bosques en Notre-Dame de Landes. El plan de construcción de un aeropuerto por parte de la empresa Vinci se pudo evitar gracias a la decidida resistencia de agricultores locales y activistas. Ahora, muchos jóvenes se han mudado a esta zona, a la que llaman «la ZAD», y distintos colectivos han comenzado a dar nueva vida a las granjas abandonadas y están cultivando alimentos.

La reunión anual de la red RtF, que este año se celebró en enero en Nottingham (Reino Unido), estableció una plataforma para que los y las activistas entablasen debates teóricos y reorganizasen el trabajo por temas en distintos grupos de trabajo. Para el año próximo, se ha planificado la organización de un campamento RtF en el Reino Unido, en la zona donde hay planificada la construcción de una nueva mega-cárcel. Los campamentos RtF ofrecen todo un programa de talleres y suelen ser un lugar donde compartir ideas con un público más amplio y donde apoyar las luchas locales de la región. Además, algunos miembros de la red RtF están planificando un viaje a Grecia para vincularse con distintos proyectos. Estos ejemplos demuestran que consideramos importante crear alianzas con otros movimientos sociales, porque en el intento de (re)tomar el control sobre nuestras vidas, la agricultura es sólo uno de muchos aspectos (aunque muy importante).

Se puede encontrar más información sobre la red y los grupos implicados en la web www.reclaimedfields.org, o escribiendo un correo electrónico a contact@reclaimthefields.org.

Cuadro 3

El paradigma Bukittinggi*: hacia una revolución agraria

La reforma agraria y acuática del siglo XXI deben ser las luchas por la justicia, que democraticen las estructuras agrarias y creen nuevas relaciones sociales, económicas y políticas, incorporando el espacio, el territorio, el agua y la biodiversidad. Para contrarrestar la destrucción provocada por décadas de neoliberalismo, las nuevas reformas agrarias y acuáticas deben ser revolucionarias y transformadoras, terminar con la concentración de tierras y recursos, y resistir la contrarreforma agraria. Entre los elementos de esta visión se incluyen:

Soberanía alimentaria: una reforma agraria y acuática debe fundarse sobre los principios de la soberanía alimentaria, y debe tener como pilar central el concepto de territorio. La soberanía alimentaria exige que los y las campesinas, pescadoras, pastoras, trabajadoras y pueblos indígenas puedan acceder con seguridad y controlar las tierras agrícolas, las semillas, las razas animales, los bosques, los pastos, las rutas migratorias, las zonas pesqueras, las masas de agua, los mares, costas y ecosistemas. No puede llevarse a cabo sin soberanía sobre las tierras y los recursos, y sin los derechos de los productores de alimentos a gobernar sus territorios/dominios, incluidas sus costumbres, normas y acuerdos para proteger, utilizar y compartir los dominios más allá de las fronteras geopolíticas.

Redistribución del poder: la expropiación y distribución de tierras privadas que no cumplen un objetivo social a familias sin tierra o con tierras empbrecidas que no permitan vivir de ellas, el objetivo general de la redistribución es redistribuir el poder y alterar las relaciones de poder para favorecer a los pequeños productores de alimentos, a sus organizaciones y a sus movimientos. Una distribución tal no puede realizarse mediante mecanismos de mercado. La reforma agraria debe equilibrar las prioridades de los y las campesinas, agricultoras familiares, pescadoras, pastoras, personas sin tierra, pueblos indígenas y otras comunidades rurales, haciendo hincapié en las necesidades particulares de las mujeres y de los y las jóvenes.

El derecho a los recursos, al territorio y a la autodeterminación: las reformas agrarias y acuáticas deben garantizar a los pueblos rurales el acceso seguro y el control sobre sus tierras y territorios, restituir el orgullo de la identidad y la dignidad de las mujeres y de los pueblos campesinos, indígenas, pescadores, pastores y trabajadores. Deben respetar los derechos de la Madre Tierra, las cosmovisiones de las distintas culturas, así como la autonomía local y el gobierno en igualdad de derechos para mujeres y hombres. Las comunidades de productores de alimentos deberían poder tomar decisiones sobre el uso, la gestión y la conservación de sus tierras, territorios y recursos, dando prioridad a los derechos de las mujeres, los y las jóvenes y los grupos que han sido marginados históricamente.

Defensa de la tierra y los territorios: todas las medidas posibles (legales, normativas y de acción directa) deben utilizarse para defender las tierras, el agua, los territorios, los minerales y la biodiversidad frente a las expropiaciones, las parcelaciones capitalistas, la mercantilización y la destrucción. La tierra y el territorio se deben defender como una riqueza social/colectiva, no simplemente como propiedad individual, al mismo tiempo que se respetan y se defienden los derechos de la Madre Tierra. La especulación con tierras debe estar prohibida, y se debe evitar que el estado y las corporaciones privadas puedan adquirir grandes extensiones de tierras. En esto se incluyen los títulos comunitarios/colectivos para evitar que las parcelaciones de tierras individuales puedan entrar en el mercado, la oposición a los mecanismos de mercado para gobernar las tierras, las contra-parcelaciones como ocupaciones de tierras y movilizaciones en espacios públicos y foros para conseguir respaldo popular para nuestras luchas.

Abordar la pobreza, el desempleo, el hambre y la migración económica: la reforma agraria debe crear unas condiciones que permitan mejorar el nivel de vida de la mayoría y reconstruir las economías rurales, como por ejemplo, con un suministro público de servicios asequibles, accesibles y de calidad para la salud, la educación, la electricidad, el agua y el saneamiento, el transporte, el ocio, el crédito, los bancos, los mercados, etc. También debe invertir la migración económica de los pueblos rurales, permitiendo la reinserción de los y las campesinas de nuevo en sus tierras y garantizando el futuro para los y las jóvenes en el campo.

Soberanía sobre la tierra rural/urbana: una nueva visión debe abordar la realidad de las zonas urbanas respecto a la tierra, el agua, la vivienda, los alimentos y los servicios básicos. Las mismas fuerzas del capital especulativo que impulsan el acaparamiento de tierras en zonas rurales son las responsables de la especulación inmobiliaria que provoca desahucios masivos de los desfavorecidos de zonas urbanas. Una alianza fuerte rural/urbana para resistir frente a enemigos comunes requiere la reconstrucción de la interdependencia entre productores y consumidores, así como la revisión de los conceptos de justicia social, económica, política y medioambiental.

Modelos de producción, distribución y consumo: deben estar alejados de todo afán explotador, deben ser responsables desde el punto de vista medioambiental y deben desacelerar el cambio climático. La política energética es especialmente importante, ya que la tierra, los bosques, los ríos, los mares y los fondos marinos están siendo capturados para alimentar unas industrias y unos estilos de vida que consumen mucha energía. Los modelos de producción deberían empoderar y enriquecer a los pequeños productores de alimentos, no forzarlos a entrar en deudas-trampa o cadenas de valor sobre las que no tienen ningún control. Los modelos de producción y distribución deberían basarse en la soberanía alimentaria y la agroecología, y apoyar la recuperación de las semillas y razas autóctonas, la captación de aguas, las energías renovables generadas localmente, la reavivación de alimentos tradicionales y la reconstrucción de los sistemas alimentarios locales.

Paz, justicia y dignidad: la soberanía alimentaria, la reforma agraria y la defensa de la tierra y los territorios son las luchas por la paz, la justicia, la dignidad y la vida. Una nueva reforma agraria debe movilizar fuerzas para poner fin a las ocupaciones de tierras y territorios por parte de estados, ejércitos y corporaciones, debe oponerse a la guerra y la militarización de nuestros sistemas económicos, y debe cuestionar la criminalización a la que están siendo sometidas nuestras luchas.

Para leer la síntesis completa de Bukit Tinggi, incluidos los pasos para poner en marcha la «visión», consultar Keeping Land Local, capítulo 9 (en inglés).

* La reunión internacional «Reforma agraria y la defensa de la tierra y el territorio en el siglo XXI, el reto y el futuro» fue organizada por La Vía Campesina y la Campaña global por la reforma agraria (GCAR) para debatir la coyuntura global e identificar elementos clave para una estrategia común por la reforma agraria, la soberanía alimentaria y la defensa de la tierra y los territorios. Más de 150 representantes de organizaciones campesinas, de pescadores, de pueblos indígenas, de jóvenes, de mujeres, de trabajadores/as sin tierra, de derechos humanos y de investigación participaron en la reunión, que se celebró en Bukit Tinggi (Sumatra Occidental, Indonesia) del 10 al 13 de julio de 2012.

Destacados 1

Recursos naturales y soberanía alimentaria

La defensa y la lucha por nuestros derechos a la tierra, el agua, las semillas, las razas, los caladeros, los bosques, los océanos y todos los recursos naturales que necesitamos para poder alimentarnos con dignidad, tanto nosotros mismos como nuestras comunidades, están en el centro de la Soberanía Alimentaria.

Pero ¿cómo podemos defender nuestros derechos a los recursos y luchar por ellos, frente a potentes inversores nacionales y trasnacionales, regímenes injustos de comercio e inversiones, mercantilización de los recursos naturales, la descarada coopción de los estados por capital trasnacional, o frente a la militarización, la violencia y la criminalización de quienes defienden sus derechos a los recursos? ¿Cuál es el rol de la policía y de los tribunales en estos casos?
Estas preguntas no tienen una respuesta sencilla. El contexto importa, y mucho. Lo que funciona en un lugar o una situación no tiene por qué funcionar necesariamente en otras. Sin embargo, tenemos algunas ideas que pensamos que son útiles para compartirlas, reflexionar sobre ellas y continuar desarrollándolas.

La ley es uno de los medios por excelencia de ejercicio del poder. Cualquier movimiento popular que intente cambiar las relaciones de poder no podrá evitar enfrentarse a cuestiones legales para desafiar leyes, políticas y prácticas injustas e ilegítimas, así como para crear órdenes normativos y legales alternativos que resultan fundamentales para iniciar/consolidar contrapoderes. Para los movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria, la cuestión no es si se deben seguir o no estrategias legales, sino qué estrategias legales seguir.

El marco de los derechos humanos desempeña aquí un papel fundamental, especialmente a la hora de cuestionar los marcos legales internacionales que no respetan a los pobres de las zonas rurales (ya se trate de regímenes comerciales, de inversión, medioambientales o de seguridad) ni defienden a las comunidades locales frente a los abusos de actores internacionales. Un derecho humano es un derecho inherente a todos los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación por sexo, origen, raza, lugar de residencia, religión o cualquier otro estado. Los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles e interrelacionados, y su objetivo es proteger la dignidad humana. Tienen su origen en las necesidades y aspiraciones de la gente corriente, expresan valores éticos y morales universales, y empoderan a cada ser humano, a sus comunidades y a sus pueblos, para ejercer sus derechos y demandas legales ante sus gobiernos y ante los de otros países. La resistencia a la opresión se encuentra en el núcleo de los derechos humanos. Los derechos humanos se dirigen de forma explícita a los desequilibrios de poder y cuestionan la legitimidad de los poderosos.

Las formas de emplear el marco de los derechos humanos son muy diversas y dependen de factores contextuales. Algunos grupos activistas y movimientos sociales emplean los derechos humanos y la legislación nacional en estrategias defensivas para proteger a sus miembros de abusos graves como la persecución, el acoso, las detenciones arbitrarias, los desahucios forzados violentos y la destrucción de cultivos, animales e infraestructuras agrícolas. En tales situaciones, recurrir a los derechos humanos o a los derechos fundamentales recogidos por las constituciones nacionales puede salvar vidas y ofrecer vías de acción que reciban el apoyo de otros sectores de la sociedad frente a la represión gubernamental.

Otros grupos y movimientos emplean los derechos humanos y constitucionales, así como políticas nacionales y leyes que apoyan estos derechos, para concienciar a sus miembros sobre sus derechos, y así poder devolverles la confianza en sí mismos, la dignidad y el convencimiento de que es legítimo resistir a la opresión. La concienciación es crucial para movilizar y organizar a las personas para que defiendan sus derechos. En otras ocasiones, una estrategia legal forma parte de una estrategia más amplia cuyo objetivo es cambiar el modo en que se presentan los conflictos sobre los recursos y cómo percibe la sociedad estos conflictos. Combinan acciones directas y acciones de desobediencia legal (como ocupar tierras o entorpecer la construcción de los así llamados «proyectos de desarrollo») junto con la presentación de casos ante tribunales o autoridades legales.

Los derechos humanos también se pueden ejercer para desafiar políticas y leyes ilegítimas como los marcos legales de muchos países que favorecen a las grandes empresas, así como para apoyar las propuestas alternativas de los pueblos sobre políticas y leyes, abriendo espacios para un diálogo político centrado en las vidas de los pueblos.

Sin duda, los tratados de derechos humanos, las constituciones nacionales, las leyes y las políticas que apoyan los derechos de las personas no son de aplicación automática. Tienen siempre que ser reclamados por los pueblos. Hasta ahora, las movilizaciones populares sobre el terreno siguen siendo la forma más importante de responsabilidad en materia de derechos humanos. Los instrumentos internacionales de «leyes blandas» sobre derechos humanos, como las Directrices sobre gobernación responsable de la tenencia de tierras, caladeros de pesca y bosques, pueden entrar en vigor cuando los movimientos sociales se las apropien, las reclamen, las supervisen y las implementen por su cuenta. Los instrumentos de «leyes blandas» pueden convertirse en herramientas poderosas para transmitir el desacuerdo y la resistencia frente a regímenes legales destructivos (como el comercio y las inversiones) y sentar las bases de un diseño de políticas alternativo.

Destacados 2

Iniciativas para el respeto y la defensa del agua

El 28 de julio de 2010, en un movimiento inesperado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por consenso la Resolución sobre el derecho humano al agua y el saneamiento (Resolución de la ONU 64/292). Esta resolución, copatrocinada por 74 estados, destaca la importancia del derecho a un agua potable y un saneamiento seguros y limpios, como derecho humano esencial para el disfrute completo de la vida y de todos los derechos humanos. Tras la presión ejercida por la sociedad civil y los movimientos globales de justicia por el agua, su adopción se aceleró a raíz de la institucionalización del derecho humano al agua y el saneamiento dentro de las constituciones de algunos países de Latinoamérica, como Bolivia, Uruguay y El Salvador.

Al menos 165 estados han firmado diversas declaraciones que reconocen el derecho al agua, entre ellos miembros del Movimiento de los Países No Alineados y el Consejo Europeo. La creación del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento fue otro paso en positivo hacia el respeto y la defensa del agua. La primera Relatora Especial, Catarina de Albuquerque, desarrolló distintas herramientas para implementar este derecho.
Los agentes estatales, la sociedad civil y las comunidades también han iniciado acciones para defender, proteger y conservar el agua como un derecho, un bien público y un bien colectivo. Un ejemplo de ello es asignar y gestionar de forma pública y comunitaria los servicios de suministro de agua, para contrarrestar la mercantilización y privatización de éste y promover opciones viables, medioambientalmente sostenibles y que favorezcan a los pobres, para las poblaciones del mundo que carecen de acceso al agua.

Entre estas acciones se encuentran las asociaciones público-públicas (PuP), las asociaciones público-comunitarias y las asociaciones comunitario-comunitarias, que son asociaciones sin ánimo de lucro y de beneficio mutuo entre operadores públicos de gestión de aguas, comunidades locales, sindicatos y otros grupos socio-económicos. Estas asociaciones democráticas tienen por objetivo «vincular a los operadores públicos de gestión de aguas y a distintos grupos, de manera no lucrativa, para fortalecer la gestión y la capacidad técnica».

En contraposición con las asociaciones público-privadas (PPP), las PuP presenta un modo innovador y práctico de compartir los conocimientos técnicos y experiencia de los gestores públicos de aguas para difundir buenas prácticas e ideas sobre gestión de aguas, como por ejemplo garantizar el suministro de agua a comunidades urbanas empobrecidas, respetar los derechos de los trabajadores, adoptar estándares laborales fundamentales y permitir la participación de los consumidores en la determinación de precios del agua. Las PuP también piden que se proporcione el apoyo social y político necesario para esta cooperación mutua.

Otro modelo innovador es la protección de cuencas aguas arriba y aguas abajo. En Filipinas, distintas organizaciones cívicas y servicios públicos de aguas han permitido que las comunidades locales puedan gestionar y mantener fuentes de agua para las ciudades. Los servicios públicos invierten directamente en prácticas agrícolas agroecológicas y en la subsistencia de las comunidades, siguiendo la idea de que «un buen medio ambiente producirá una buena agua». Estos modelos de protección de cuencas y de suministro de servicios de aguas son muy diversos entre sí, puesto que dependen de las condiciones concretas de cada zona en particular. Y lo que es más importante, estos modelos promueven una nueva visión de la gestión del agua[[Para conocer más ejemplos, consultar la publicación de Buenaventura Dargantes, Mary Ann Manahan, Daniel Moss y V. Suresh: « Water, Commons, Water Citizenship and Water Security » (Agua, bienes colectivos, ciudadanía del agua y seguridad del agua, publicado en inglés) que restablece el agua como un bien colectivo y convierte la gobernabilidad del agua en un factor de democratización y justicia social y ecológica.

Los derechos sobre el agua (es decir, cómo usar, asignar y gestionar los recursos hídricos) afectan a la realización del derecho humano al agua y al saneamiento, y también a una nueva visión de la gestión del agua. De forma global, los derechos sobre el agua se han utilizado como herramienta política para detener el acaparamiento de aguas por parte de las grandes corporaciones, así como para cuestionar la minería, la fractura hidráulica y otros instrumentos destructivos. Los grupos ciudadanos, los gobiernos locales y las comunidades afectadas se han organizado y han hecho campaña para proteger sus aguas de forma que sean potables, se utilicen para el riego y la agricultura y respeten su identidad. Entre estas acciones están, por ejemplo: la «Guerra del Agua» de Cochabamba, en 2000, que expulsó de Bolivia a Aguas del Turnari (una empresa mixta que incluía a Bechtel); Dow Chemical frente a Quebec y Lone Pine en Canadá, que protegen el agua frente a los pesticidas y la fractura hidráulica; El Salvador frente a Pac Rim, y el reciente caso de Infinito Gold frente a Costa Rica; y las comunidades de Plachimada (India) frente a Coca-Cola y Nestlé, que realizan una sobreextracción del agua y agotan las aguas subterráneas.

Derechos a los recursos naturales

leaf – An earth that nurishes Illustration@ Anna and Elena Balbusso

Mientras que el mundo va tambaleándose de crisis en crisis, el valor de la tierra, del agua, de los bosques, de los minerales y de otros recursos naturales como fuentes de creación de riqueza continúa en aumento. Quienes poseen vínculos muy arraigados con la tierra, el agua y los territorios, creen que la vida es la mayor riqueza y el mayor valor de la naturaleza, y las crisis nos demuestran que los seres humanos debemos vivir en simbiosis con la naturaleza. Para muchos, sin embargo, los recursos naturales son cosas que pueden parcelarse, empaquetarse, cambiarse, comprarse, venderse y comercializarse en mercados muy alejados de su ubicación original.

La expresión de los derechos a los recursos naturales refleja estas diferencias. Las corporaciones, las instituciones financieras y muchos gobiernos promueven la existencia de derechos comercializables mediante títulos de propiedad de tierras, derechos de comercialización de aguas, intercambio de emisiones, etc.

La mayoría de los gobiernos reconocen a quienes pueden pagar más como los titulares de derechos sobre tierras, agua, minerales y bosques. Para los y las campesinas, pescadoras, trabajadoras, pueblos indígenas y personas pobres, de zonas tanto urbanas como rurales, los derechos a los recursos y a la autodeterminación son reivindicaciones legítimas sobre tierras y ecosistemas que están muy arraigadas en el respeto a la naturaleza. La materialización de estos derechos es un requisito necesario para construir sistemas democráticos y de justo gobierno, que garanticen la paz y la armonía con la naturaleza.

Los artículos de esta edición reflejan las luchas de los distintos pueblos del mundo para garantizar y defender sus derechos a los recursos naturales y los derechos de la naturaleza. Las secciones 1 y 2 de Destacados ofrecen información valiosa sobre las herramientas que pueden emplearse para reforzar nuestras luchas, que deben incluir la defensa y la reivindicación de las nociones de derechos frente a la cooptación del mercado.

Shalmali Guttal, Focus on the Global South

Derechos a los recursos naturales, núm. 21

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